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Oriente
Yunes Linares y ayuntamientos de Veracruz en “capilla” por incumplimiento de sentencias de amparo
Correrían la misma suerte del alcalde y regidores de Paraíso, Tabasco

Carlos Antonio Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso de Veracruz, de la fracción parlamentaria del PRI
Carlos Antonio Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso de Veracruz, de la fracción parlamentaria del PRI

Ángeles González Ceballos
Xalapa, Veracruz / 2018-01-17

EXCLUSIVA

De igual manera como sucedió en el municipio de Paraíso, Tabasco, las autoridades estatales y municipales de Veracruz podrían correr la misma suerte de ser destituidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el incumplimiento de sentencias de amparo promovidas por trabajadores despedidos de manera injustificada y que a la fecha suman más de 3 mil millones de pesos, expuso el diputado local priista, Carlos Antonio Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso local.

Consideró que en este asunto deben estar muy atentos el gobierno de Veracruz y los 212 municipios porque desafortunadamente a partir de varios años atrás hasta la fecha, son múltiples las demandas de los trabajadores que se han desatendido, pero que para fortuna de ellos, logran recurrir hasta las últimas instancias judiciales.

“Es un tema que deben atender, están en su derecho de ocupar cualquier herramienta jurídica, pero si llegase a haber fallos definitivos, deberían ir tomando las previsiones financieras necesarias para cubrir sus obligaciones y no les pase lo de Tabasco”, advirtió.
Lamentó que las autoridades se desinteresen por estos temas y justifiquen diciendo que son deudas heredadas, cuando no son temas de una u otra administración o de partidos políticos, sino de temas institucionales.

“En Veracruz existe un gran cúmulo de demandas, eso se traduce en una cantidad muy fuerte de recursos que si se hicieran efectivas serían impagables y tendrían que recurrir a mecanismos financieros”, aseveró.
Morales Guevara recordó que aún y cuando hayan concluido sus encargos el Gobernador o los alcaldes, en el caso de fallar la Corte, sí podrán ser sancionados y por ello recomendó buscar asesoría jurídica.
Asimismo, el abogado del despacho jurídico Viades, Llanes y Asociados, Juan José Llanes, expresó que esto que pasó en la vecina entidad tabasqueña “puede y debe” pasar en Veracruz.

Explicó que el caso de Paraíso, Tabasco, lo atendió un distrito judicial federal distinto del que atiende los asuntos de Veracruz, pero opinó que los órganos jurisdiccionales del séptimo distrito, al que corresponde el Estado, han sido “tolerantes y comprensivos” con las autoridades estatales y municipales porque cuando hay fallos en contra del acatamiento de una determinación judicial queda al arbitrio de las entidades públicas.

El Abogado recordó que en la administración de Javier Duarte se modificaron la Ley del Servicio Civil, el Código Hacendario Municipal y la Ley de Bienes del Estado para entorpecer la ejecución de fallos judiciales en contra de entidades públicas estatales y de ayuntamientos, entre otros, porque dicha reforma de abril de 2011, dispuso la imposibilidad del embargo del numerario que hubiese en las cuentas bancarias.

Lamentó también que no sólo se hayan hecho tales modificaciones, sino que se criminalizaron los laudos porque se dispuso que quienes trabajaran en embargos y cuentas bancarias serían sujetos a sanciones de carácter penal.

“El detalle es que la administración actual (de Miguel Ángel Yunes Linares) que prometió todo corregir, todo cambiar, todo enderezar, encaminar hacia la legalidad, a conveniencia determinó que dicha disposición del duartismo quedara igual y no ha habido ningún esfuerzo por hacer esa corrección.

En otras palabras, el profundo déficit de legalidad que se gestó durante el duartismo, este régimen no sólo lo ha adoptado, sino que lo ha profundizado. No hay en el estado de Veracruz disposición ni del gobierno del Estado ni de los ayuntamientos para dar cumplimiento a los fallos judiciales que les dictan en contra, aún cuando ese incumplimiento conlleve, entre otras cosas, la violación a los derechos humanos”, señaló.

Juan José Llanes explicó que llegar hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que pasar por caminos tortuosos y sinuosos, pasar, entre otros, por un incidente de inejecución como el que interpuso y luego ser calificado por los tribunales respectivos y posteriormente hacer el proyecto de destitución que debe ser remitido a la Suprema Corte para ser visto, para lo cual puede pasar muchísimo tiempo.

De tal manera que hasta este momento están en esa situación y en “capilla” por lo menos dos ayuntamientos y la administración estatal, que están en un estatus de incumplimiento de resoluciones judiciales de amparo que determinan que deben cumplir laudos dictados en su contra.

“La Suprema Corte no destituyó a las autoridades de Tabasco por un laudo en sí, sino por el incumplimiento de una sentencia de amparo que forzaba al Ayuntamiento a cumplir un laudo, es sustancialmente distinto. Se reclamó en amparo el incumplimiento del laudo, el amparo se concedió a la parte trabajadora, en esa se impuso al Ayuntamiento el deber de cumplir ese fallo. El Ayuntamiento no cumplió la sentencia del amparo”, definió.

De manera que, lo que conoce en Veracruz es que por lo menos dos ayuntamientos y el Gobernador del Estado están en un estatus de incumplimiento de sentencia de amparo y eventualmente pueden terminar en la situación que las autoridades de Paraíso, Tabasco.

El Abogado enfatizó que si bien es cierto este procedimiento es largo y tortuoso y las autoridades podrían terminar los periodos de sus encargos, la responsabilidad subsiste, incluso aunque dejen el cargo, la responsabilidad que deriva del incumplimiento de una sentencia de amparo o del incumplimiento extemporáneo y sin justificación, subsiste en los servidores públicos aunque hayan concluido su encomienda.
2017-12-18
Hacia el esclavismo del nuevo milenio
En los últimos años hemos estado más interesados en temas como la protección animal o presuntos derechos de tercera generación, temas importantes, pero no urgentes, y que distraen de asuntos verdaderamente impostergables, como es la protección de nuestros derechos humanos básicos, aquellos intímamente relacionados con nuestra seguridad física, económica y social. Así, dejamos pasar #ReformasEstructurales, la #ReformaEnergética y en estos días la #LeyNacionaldeSeguridadInterior y la llamada #LeyAntiMemes. ¿Cuándo reaccionaremos como sociedad?¿Cuando seamos totalmente los esclavos del milenio y no haya salvación posible? ¿Cuando trabajemos sólo para el fisco y con ello cebar a una élite de políticos que día a día se adueñan de los recursos del país y ya no tengamos ningún derecho a levantar la voz, a exigir respeto como ciudadanos y decirle corrupto al corrupto? #DespiertaMéxicoYa