Por admin 
Por Bruno Cortés
En un día histórico y caótico en el Senado, el 25 de octubre de 2024, se aprobó la reforma de “supremacía constitucional”, una decisión que ha generado intensos debates y posiciones encontradas. La sesión estuvo marcada por tensiones, expresiones enérgicas y una división marcada entre los legisladores. Esta reforma, impulsada por Morena y sus aliados, asegura que la Constitución tenga primacía absoluta sobre cualquier ley secundaria o norma que contradiga sus disposiciones, reforzando el marco constitucional y buscando impedir que las leyes secundarias infrinjan derechos fundamentales.
La reforma de “supremacía constitucional” establece que la Constitución será el documento supremo en México, sin posibilidad de ser cuestionada mediante recursos legales como el amparo en lo que respecta a las reformas constitucionales. Este cambio fue defendido por la senadora Andrea Chávez, quien sostuvo que la medida no elimina el amparo para los ciudadanos en casos de derechos humanos o abusos de autoridad, sino que fortalece el respaldo de la ciudadanía a los cambios aprobados democráticamente en el Congreso. “Dejen de mentirle al pueblo de México. Esta reforma asegura que el poder de decisión del pueblo no sea bloqueado por los tribunales”, afirmó Chávez, refiriéndose a las críticas de la oposición como desinformación.
La aprobación de esta reforma se desarrolló en un ambiente caótico y polarizado. Senadores de la oposición, como Alejandro Moreno Cárdenas, denunciaron que la medida debilita el control constitucional y podría permitir que el Congreso apruebe cambios sin un recurso legal que los cuestione, lo que podría amenazar los contrapesos necesarios para evitar abusos de poder. “Este es el día más peligroso para la República. Se le está dando carta blanca a un poder sin límites”, declaró Moreno, recordando que el control constitucional es esencial para la democracia mexicana y advirtiendo que la reforma genera un entorno de inseguridad jurídica.
Por otro lado, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados defendieron la reforma como un acto de justicia social que respalda el mandato popular y fortalece la estabilidad democrática. Chávez, en sus intervenciones, acusó a la oposición de actuar en contra de la voluntad de la mayoría ciudadana, citando encuestas que muestran que el 82% de los mexicanos apoya la reforma al Poder Judicial y la elección democrática de ministros. “El pueblo está con esta reforma. Es tiempo de consolidar un verdadero poder democrático en el país”, enfatizó.
Con la reforma de supremacía constitucional, México se encuentra en un momento decisivo en su historia política y jurídica. Al colocar a la Constitución por encima de cualquier otro marco legal y al evitar que las reformas constitucionales sean impugnadas, el Senado fortalece el papel de la Carta Magna. Esto también implica que futuras decisiones judiciales y legislativas estarán directamente condicionadas por esta medida, un cambio que impactará tanto el sistema legal como los derechos ciudadanos.
Sin embargo, la preocupación persiste en torno a las implicaciones de este cambio. Los opositores temen que, sin un recurso de control, la reforma abra la puerta a modificaciones que alteren derechos fundamentales o afecten al sistema de contrapesos. “La supuesta supremacía constitucional que se plantea hoy no es más que una excusa para eliminar los controles al poder”, criticaron algunos senadores.
La aprobación de la reforma de supremacía constitucional marca un antes y un después en la política y el derecho en México. Mientras los partidarios consideran que es un paso esencial para proteger los derechos de la ciudadanía y asegurar la estabilidad democrática, los críticos advierten sobre los riesgos de un poder sin contrapesos. El futuro de esta reforma dependerá en gran medida de cómo sea aplicada y de la vigilancia que la sociedad mexicana ejerza para evitar que el poder constitucional sea utilizado de manera arbitraria.