Por Bruno Cortés

 

En un tono sereno, pero firme, el senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, ante la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, honre su compromiso con la Constitución y el Estado de Derecho. La postura de Inzunza deja ver su respaldo a las reformas que, a su juicio, refuerzan la estabilidad institucional y evitan interpretaciones que podrían, eventualmente, desvirtuar la esencia de la Constitución.

 

Mientras la iniciativa para invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular de González Alcántara sigue en el radar público, Inzunza instó a los ministros a actuar con sentido de Estado y ética. Su mensaje se presentó como un recordatorio respetuoso de que el máximo tribunal del país debe ser consecuente con sus propias resoluciones, especialmente aquellas que sostienen que las decisiones del poder reformador de la Constitución son inatacables por cualquier medio de control jurisdiccional. “Esperaría que las señoras y los señores ministros hagan uso de la ética y la responsabilidad que nos corresponde honrar a todos los que desempeñamos tareas públicas”, expresó Inzunza, destacando que, en momentos clave, es esencial preservar la legitimidad del sistema jurídico.

 

Inzunza agregó que, una vez aprobada por la Cámara de Diputados y las legislaturas estatales, la reforma de supremacía constitucional no permitiría cuestionar las normas constitucionales, evitando el uso del juicio de amparo en casos que intenten modificar las reglas base de la elección de jueces. Además, el senador tranquilizó a quienes temen una crisis constitucional, afirmando que la Carta Magna es y seguirá siendo clara sobre los límites y alcance de cada poder.

 

El llamado de Inzunza representa un esfuerzo por subrayar el papel de la Suprema Corte como defensora de la Constitución en su forma más pura y destaca su esperanza en que los ministros actúen con un sentido de responsabilidad que asegure la estabilidad y solidez institucional en México.

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