CDMX a 14 de septiembre, 2024.- El viernes pasado, en una sesión histórica marcada por la ausencia de la oposición, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión se dio después de que 23 Congresos estatales aprobaran la reforma, y el Senado remitiera la declaratoria correspondiente. Con 263 diputadas y diputados de Morena, PT y Partido Verde presentes, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, oficializó la decisión y anunció que sería enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

 

La reforma judicial es una de las más relevantes del sexenio de López Obrador. Entre los principales cambios está la reorganización de los órganos del Poder Judicial, la creación de nuevas reglas de supervisión y vigilancia, y un enfoque en la transparencia y combate a la corrupción dentro del sistema judicial. Sin embargo, este avance ha sido duramente criticado por la oposición, que considera que la reforma podría debilitar la independencia judicial y concentrar más poder en el Ejecutivo.

 

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, los legisladores del PAN se ausentaron en señal de protesta. En sus curules, dejaron pancartas con el mensaje: “Soy resistencia a destruir al Poder Judicial”, lo que dejó clara su postura contra los cambios impulsados por Morena y sus aliados. Mientras tanto, los legisladores presentes, tras la declaratoria de constitucionalidad, celebraron con el característico grito “¡sí se pudo, sí se pudo!”, que resonó en el recinto.

 

El Partido Acción Nacional (PAN) y otras fuerzas opositoras han manifestado su preocupación por los alcances de esta reforma. Aseguran que la falta de diálogo y consenso previo a su aprobación demuestra una inclinación por parte del gobierno de AMLO a implementar cambios profundos sin considerar todas las voces del espectro político. Argumentan que la reforma, tal como está planteada, pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y abre la puerta a una mayor influencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales.

 

Por otro lado, Morena y sus aliados defienden que la reforma es necesaria para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia judicial y hacer que el sistema funcione de manera más equitativa para todos los ciudadanos.

 

La reforma ya había sido aprobada por el Senado y, conforme al artículo 135 de la Constitución, necesitaba la aprobación de al menos la mitad de los Congresos estatales. Una vez alcanzado este número, el Senado remitió la declaratoria de constitucionalidad a la Cámara de Diputados, que finalmente la confirmó. Ahora, con su publicación en el DOF, la reforma entrará en vigor oficialmente.

 

El debate sobre esta reforma no solo se ha llevado a cabo en las cámaras legislativas, sino que también ha encendido las redes sociales. Desde que se declaró la constitucionalidad, usuarios de plataformas como Twitter han expresado opiniones divididas. Algunos celebran el avance de la reforma como un triunfo de la lucha popular, mientras que otros la critican como un retroceso en la independencia del Poder Judicial.

 

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