CDMX a 26 de septiembre, 2024.- Este miércoles, en una ceremonia encabezada por el senador Saúl Monreal Ávila, fue formalmente instalada la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República, que estará activa durante la LXVI Legislatura. Esta comisión tiene una tarea clave: abordar temas relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia, mecanismos cruciales para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus acciones.

 

Durante el evento, el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, explicó que el juicio político y la declaración de procedencia son figuras contempladas en la Constitución Política de México, las cuales se aplican cuando un servidor público comete delitos en el ejercicio de sus funciones. Angulo Briceño destacó que estas medidas son esenciales para demostrar que el poder no es absoluto y que existen límites constitucionales que deben ser respetados.

 

La comisión tiene el objetivo de garantizar que cualquier exceso en el ejercicio de responsabilidades públicas sea sancionado conforme a la ley, marcando un precedente sobre el respeto a los márgenes establecidos por la Constitución. En palabras del senador Angulo Briceño: “El juicio político debe ser una advertencia de que los servidores públicos no están por encima de la ley”.

 

Por su parte, la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena, afirmó que la principal misión de la Comisión será hacer cumplir lo establecido por la Constitución, asegurando que el poder sea ejercido con responsabilidad y en beneficio del pueblo mexicano. “Nuestro compromiso es claro: servir a México y hacer valer la Carta Magna”, subrayó la senadora.

 

La instalación de la Comisión Jurisdiccional reafirma el compromiso del Senado con la transparencia y la rendición de cuentas. La posibilidad de someter a juicio político a los funcionarios que cometan delitos en sus cargos es un paso importante hacia un gobierno más responsable y cercano a la ciudadanía. La labor de esta comisión será crucial para fortalecer la democracia y garantizar que aquellos que detentan el poder lo hagan bajo los principios de justicia y legalidad.

 

 

 

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