CDMX a 26 de agosto, 2024.- Un reciente informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) ha revelado que la deuda acumulada de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos en México ha alcanzado los 700,564.5 millones de pesos (mdp) hasta el primer trimestre del año. Esta cifra representa el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y equivale al 55.5% de las participaciones federales, lo que pone de manifiesto el alto nivel de endeudamiento que enfrenta el país a nivel subnacional.

 

Según el análisis del investigador Vladimir González Herrera, las entidades federativas con mayor deuda per cápita son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Ciudad de México y Sonora. Nuevo León lidera esta lista con un endeudamiento per cápita de 17,549.9 pesos, seguido de Chihuahua con 13,717.6 pesos y Coahuila con 11,500.7 pesos. En contraste, los estados menos endeudados incluyen a Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tlaxcala, con Tlaxcala presentando una deuda per cápita de 0.0 pesos, lo que significa que este estado no tiene deuda registrada.

 

El informe también detalla los municipios con mayores niveles de deuda. Encabezan la lista Hermosillo, Monterrey y León, con deudas de 1,723.8 mdp, 1,561.6 mdp y 1,469.3 mdp, respectivamente. Otros municipios con altos niveles de endeudamiento incluyen Guadalajara, Zapopan, Mexicali, Benito Juárez y San Nicolás de los Garza.

 

La principal fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales proviene de la banca múltiple, que representa el 50.6% del total. Le sigue la banca de desarrollo con un 40.3%, las emisiones bursátiles con un 7.7%, y otras fuentes de financiamiento con un 1.4%. Este panorama financiero destaca la dependencia de los gobiernos locales en fuentes externas de financiamiento, lo que podría implicar riesgos si las condiciones económicas empeoran o si hay cambios en las políticas de financiamiento.

 

El alto nivel de endeudamiento de estados y municipios plantea varios desafíos para la economía local. Por un lado, puede limitar la capacidad de los gobiernos locales para invertir en infraestructura, educación y otros servicios públicos esenciales. Por otro, el servicio de la deuda puede representar una carga significativa en los presupuestos locales, especialmente si las tasas de interés aumentan o si se produce una desaceleración económica.

 

 

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