CDMX a 10 de octubre, 2024.- En una sesión histórica del Congreso, el Partido del Trabajo (PT) festejó la aprobación de reformas constitucionales que buscan devolver al Estado el control de dos de las empresas más importantes de México: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante la discusión del dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez expresó que esta acción representa un paso decisivo hacia la Cuarta Transformación y la justicia social.

 

La diputada Bernal destacó que con esta modificación, la CFE generará el 54% de la energía eléctrica del país. Además, la reforma eleva a rango constitucional el derecho de las zonas más marginadas a acceder a servicios esenciales como el internet, un avance significativo en la lucha por la equidad tecnológica.

 

“El pueblo será el principal beneficiario de esta reforma. Estamos recuperando lo que nos pertenece, asegurando que los que menos tienen reciban los mayores beneficios», señaló la diputada, resaltando que este movimiento se alinea con los principios de la Cuarta Transformación.

 

El diputado Pedro Vázquez González (PT) también aplaudió las reformas, subrayando la importancia de que el Estado mantenga el control sobre empresas públicas estratégicas para evitar abusos monopólicos y proteger los recursos del país. Para el legislador, esta reforma revierte las decisiones tomadas en 2013 que favorecieron al sector privado, despojando al Estado de su papel rector en la gestión de recursos naturales como el petróleo, gas, agua y litio.

 

«Estamos reparando un error del pasado. Los recursos naturales deben estar en manos del pueblo y del Estado, es un asunto de soberanía e independencia,» señaló Vázquez.

 

El diputado José Antonio López Ruiz (PT) hizo hincapié en que esta reforma asegura un equilibrio entre el sector público y privado, permitiendo que los privados mantengan el 46% de la generación eléctrica, pero sin dejar que se apoderen de los recursos nacionales. López Ruiz subrayó que la energía es un tema de derechos y soberanía nacional, por lo que el Estado debe tener un rol predominante en este sector estratégico.

 

«Esta reforma no busca estatizar el mercado, pero impide que los privados hagan negocios sucios a costa del pueblo. El bienestar social está por encima de las ganancias de unos pocos,» afirmó.

 

Otro de los puntos celebrados en esta reforma es el reconocimiento del acceso a internet como un derecho humano, asegurando que las zonas más marginadas puedan conectarse. Además, el litio, un recurso clave en la transición energética y de gran relevancia geopolítica, será controlado por el Estado para garantizar su explotación en beneficio de la nación.

 

«Hoy, más que nunca, recuperamos la rectoría energética de México. El Pacto por México de 2013 ha quedado enterrado. Esta reforma es para el pueblo y por el pueblo», concluyó el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT).

 

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