CDMX a 21 de agosto, 2024.- En un paso significativo hacia la reforma del sistema judicial mexicano, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió las conclusiones del “Foro Nacional para la Justicia Pronta y Expedita”. El evento, organizado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD) en conjunto con otras organizaciones civiles y académicas, tuvo lugar el pasado 7 de agosto y reunió a expertos en Derecho, académicos y representantes de la sociedad civil para discutir los desafíos y necesidades de la justicia en México.

 

Durante la entrega de los resolutivos, Guerra Castillo se comprometió a turnar de inmediato las conclusiones a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a los coordinadores de los grupos parlamentarios. “Esta Presidencia de la Cámara de Diputados se compromete a entregar hoy mismo, en tiempo y forma, esto ante la Junta de Coordinación Política y a los que la conforman, en lo individual, para que puedan atender esto de inmediato,” afirmó la diputada.

 

Subrayó la importancia de una justicia que sea pronta, expedita, efectiva, ciega e imparcial, destacando que estos principios deben guiar cualquier reforma judicial en México. Guerra Castillo adelantó que estos puntos serán clave en la próxima discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales, programada para el 26 de agosto.

 

Patricia Olamendi Torres, vicepresidenta de la ANDD, expresó que el foro fue convocado debido a la preocupación por la reforma al Poder Judicial impulsada recientemente. “Lo enfocamos en un tema que para nosotros es central: el acceso a la justicia para todas y todos. No hemos logrado completar en México la cantidad de reformas necesarias para tener una justicia pronta y expedita”, señaló Olamendi Torres.

 

Elías Huerta Psihas, presidente de la ANDD, enfatizó la necesidad de una reforma integral que no solo abarque el Poder Judicial, sino también otros aspectos fundamentales como las policías, los ministerios públicos, la seguridad pública, el derecho penitenciario y la reparación del daño a las víctimas. “Sí a la reforma judicial, pero una integral, no parcial, que sea de fondo y que involucre a todos los sectores de la sociedad”, declaró Huerta Psihas, abogando por un Parlamento Abierto que permita la participación de todos los mexicanos.

 

Uno de los temas más discutidos durante el foro fue la propuesta de designación de jueces y juezas mediante voto popular, una medida que, según los participantes, podría politizar la justicia y abrir la puerta a la influencia de la delincuencia organizada en la elección de los juzgadores. Román Lazcano, representante del “Foro de Constitucionalistas”, manifestó su solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, subrayando que la propuesta de reforma constitucional “lacera profundamente el corazón de los integrantes del Poder Judicial”.

 

Las conclusiones del foro enfatizan la urgencia de una reforma judicial que no solo responda a las necesidades actuales del sistema de justicia en México, sino que también fortalezca la carrera judicial y garantice la imparcialidad y la independencia de los jueces. Los organizadores del foro pusieron a disposición de la Cámara de Diputados a los académicos y especialistas que participaron en el evento para seguir colaborando en la revisión de temas que no han sido abordados en la propuesta actual, como la paridad de género en el Poder Judicial.

 

El camino hacia una reforma judicial integral será largo y complejo, pero el compromiso de la Cámara de Diputados y la participación activa de la sociedad civil son pasos fundamentales para asegurar que la justicia en México sea verdaderamente pronta, expedita y al servicio de todos los ciudadanos.

 

 

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