CDMX a 7 de septiembre, 2024.- La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, hizo un llamado urgente a los 43 senadores de oposición para que resistan las presiones del oficialismo y detengan la controvertida reforma judicial. Luna, junto al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que esta reforma amenaza con desmantelar la división de poderes y eliminar los contrapesos institucionales que garantizan el equilibrio en el sistema político mexicano.
En un comunicado, la legisladora subrayó la importancia del Senado como el último bastión capaz de frenar esta reforma, que ha generado un amplio debate en todo el país. Luna instó a los senadores a mantenerse firmes y fieles a sus compromisos de campaña, destacando la responsabilidad que tienen de proteger los órganos autónomos y la democracia mexicana.
Noemí Luna también elogió a la jueza Martha Magaña y al juez Felipe Consuelo, quienes recientemente otorgaron suspensiones para frenar el avance de la reforma. La diputada expresó su reconocimiento hacia estos jueces, subrayando la valentía que han mostrado al enfrentar las presiones del gobierno.
En su crítica al oficialismo, Luna denunció lo que calificó como “intolerancia y revanchismo”, argumentando que el gobierno ignora las resoluciones judiciales que no le favorecen, mientras celebra aquellas que sí lo hacen. Según la legisladora, esta actitud pone en riesgo la independencia judicial y daña la credibilidad de las instituciones.
Luna Ayala dejó en claro que los senadores de oposición deben actuar como un “frente de contención” para evitar lo que considera un ataque directo a la democracia mexicana. “Es vital que el Senado permanezca firme”, afirmó, confiada en que la reforma no será aprobada si la oposición mantiene su postura.
El futuro de la reforma judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra ahora en manos del Senado, donde las posturas están claramente divididas. Mientras tanto, la oposición sigue movilizándose para bloquear su aprobación, argumentando que el cambio propuesto afectaría gravemente la independencia de los jueces y los órganos autónomos del país.