CDMX a 14 de septiembre, 2024.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha lanzado una fuerte ofensiva legal para frenar la implementación de la reforma al Poder Judicial en México. Considerada por los legisladores del PAN como una amenaza “lesiva, tóxica y destructiva” para la democracia, la reforma ha sido aprobada por el Congreso y está en espera de su promulgación por el Ejecutivo. Sin embargo, los panistas han anunciado que agotarán todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para evitar que esta reforma entre en vigor.
En un comunicado, el PAN anunció que presentará amparos y acciones de inconstitucionalidad contra la reforma, argumentando que el proceso legislativo estuvo plagado de irregularidades. También señalaron que acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia para buscar apoyo en su lucha contra lo que consideran un atentado contra la justicia y la democracia en México.
La diputada Kenia López Rabadán reafirmó la postura del PAN, denunciando que el proceso parlamentario estuvo marcado por una falta de transparencia y deliberación adecuada. Según López, la mayoría parlamentaria impidió a las minorías estudiar a fondo los alcances de la reforma y participar de manera informada en el debate. Además, la diputada advirtió sobre el peligro de convalidar actos que, en su opinión, se asemejan a un autoritarismo disfrazado de democracia.
Por su parte, el diputado Ricardo Rubio exhortó al Poder Judicial y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a resistir mediante controversias constitucionales. Rubio advirtió que la reforma, que otorga mayores facultades a los poderes Ejecutivo y Legislativo para decidir quiénes serán los jueces, podría minar gravemente la independencia judicial del país.
El PAN ha señalado que la reforma al Poder Judicial no cumplió con los estándares mínimos de una deliberación democrática. De acuerdo con los legisladores, no se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias ni las reglas que garantizan la participación de pueblos indígenas y afromexicanos, quienes fueron excluidos del proceso. Además, cuestionaron la rapidez con la que las legislaturas estatales aprobaron la reforma sin un análisis serio ni un debate profundo, lo que violenta, en su opinión, los principios de una democracia deliberativa.
Margarita Zavala, también diputada del PAN, calificó la reforma como un “atentado contra la justicia”, mientras que Federico Döring señaló que los legisladores de su bancada no participarían en lo que describió como “las fotos más infames en la historia del parlamento mexicano”. Para el PAN, este es un momento crítico en la defensa del Estado de derecho en México.
El PAN, en clara señal de rechazo, decidió no asistir a la sesión en la Cámara de Diputados en la que se declaró la constitucionalidad de la reforma. Argumentaron que no convalidarían un proceso que consideran ilegítimo. Los legisladores panistas anunciaron que presentarán un juicio de amparo para que se revisen las violaciones procedimentales y confían en que los tribunales federales actuarán en defensa de la democracia.
El PAN ha dejado claro que no se rendirá fácilmente. Además de los amparos y acciones de inconstitucionalidad que presentarán en México, acudirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran un golpe a la independencia judicial. Esta estrategia refleja su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la separación de poderes, pilares que, según ellos, están en riesgo bajo la actual administración.