CDMX a 30 de agosto, 2024.- En un nuevo giro en la política de Quintana Roo, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Sánchez Rodríguez, ha solicitado una auditoría al gobierno estatal encabezado por la gobernadora morenista Mara Lezama. Esta solicitud surge en medio de acusaciones de corrupción y mala gestión de recursos públicos, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la población.

 

Ernesto Sánchez, junto con otros legisladores de la oposición, argumenta que es esencial realizar una auditoría para conocer detalladamente cómo se ha utilizado el presupuesto asignado para este año en Quintana Roo, especialmente en situaciones de emergencia y en procesos de adquisición. “Queremos saber en qué, a quién y cómo se ha ejecutado el recurso público”, expresó Sánchez Rodríguez en un comunicado.

 

La controversia en torno a Mara Lezama no es nueva. Sánchez Rodríguez mencionó que existen antecedentes de corrupción desde su gestión como alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo. Incluso, hizo referencia a una carpeta de investigación activa en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República por presuntos actos corruptos, incluyendo la apertura de un casino en la plaza La Isla Cancún. Estos señalamientos han intensificado las demandas de transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración actual.

 

Además de los señalamientos de corrupción, Ernesto Sánchez también denunció prácticas de extorsión hacia empresarios locales en destinos turísticos, que, según él, han afectado la promoción turística y la confianza de los inversionistas. “Iremos por semestres investigando, hay empresarios de destinos turísticos que afirman ser extorsionados por Lezama y eso no lo vamos a permitir”, enfatizó el legislador panista.

 

Sánchez Rodríguez también criticó el manejo de recursos durante diversas emergencias meteorológicas que han afectado a Quintana Roo en los últimos meses. Según él, los recursos destinados para ayudar a los damnificados no fueron entregados adecuadamente y algunos enseres domésticos se quedaron en bodegas o en casas de funcionarios de Protección Civil. “No llegaron todos los cheques, y eso es inaceptable. Tenemos las pruebas y las vamos a denunciar pronto”, afirmó.

 

El llamado a una auditoría podría tener implicaciones significativas para el gobierno de Mara Lezama, especialmente si las acusaciones resultan ser ciertas. La gobernadora se enfrenta a un escrutinio creciente no solo de la oposición política, sino también de la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes demandan una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.

 

La exigencia de auditoría ha generado un debate intenso en redes sociales, con opiniones divididas entre los que apoyan la iniciativa del PAN y los que defienden la gestión de Lezama. Algunos ciudadanos expresan su descontento con la supuesta corrupción, mientras que otros ven la demanda como una estrategia política para desprestigiar al gobierno de Morena en Quintana Roo.

 

En las próximas semanas, se espera que el PAN presente un punto de acuerdo en la LXVI Legislatura para formalizar la solicitud de auditoría. Mientras tanto, la administración de Mara Lezama continúa bajo presión, y el futuro político de Quintana Roo parece cada vez más incierto.

 

 

 

 

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