CDMX a 25 de septiembre, 2024.- El Senado de la República se pronunció en contra de las acusaciones hechas por senadores estadounidenses sobre el impacto de las exportaciones de acero mexicano en el mercado de Estados Unidos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, subrayó que el acero exportado a la Unión Americana cumple con todas las normas comerciales internacionales y que México ha colaborado de manera abierta con su vecino del norte para evitar prácticas desleales.

 

Esta postura surge después de que senadores de Estados Unidos, entre ellos Marco Rubio y Bob Casey, solicitaran al presidente Joe Biden un incremento del 25% en los aranceles sobre el acero mexicano, alegando incumplimiento con la Declaración Conjunta de 2019 relacionada con la Sección 232 sobre aranceles al acero y aluminio. No obstante, el Senado mexicano rechazó tales acusaciones, señalando que los productos de acero mexicanos se exportan en condiciones legales, y con altos estándares de producción sustentable e innovadora.

 

Fernández Noroña destacó que las cifras actuales no respaldan las preocupaciones de los senadores estadounidenses. Mientras México exportó 2.3 millones de toneladas de acero terminado a Estados Unidos en 2023, este último exportó a México 4.1 millones de toneladas, lo que refuerza la importancia de un comercio justo y equilibrado entre ambas naciones.

 

Además, la Mesa Directiva del Senado reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Economía para defender la industria nacional, implementando medidas que homologan las fracciones arancelarias de productos de acero y aluminio con las de Estados Unidos. Estas acciones buscan prevenir prácticas desleales y promover una mayor competitividad en la región.

 

El Senado también hizo un llamado a fomentar el diálogo interparlamentario entre legisladores mexicanos y estadounidenses, con el objetivo de encontrar nuevas formas de colaboración que beneficien a ambas naciones, asegurando que el comercio bilateral continúe desarrollándose de manera justa y equilibrada.

 

Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de defensa de la industria nacional, que busca garantizar la transparencia y la seguridad jurídica para empresarios e inversionistas, promoviendo así un entorno de negocios más sólido y confiable.

 

 

 

 

 

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